Se trata de una impugnaci\u00f3n directa de los despidos presidenciales a voluntad de funcionarios territoriales protegidos por ley, que se basa en gran medida en el texto de PROMESA y en las sentencias del Tribunal Supremo que distinguen las estructuras ejecutivas territoriales de las federales. El caso se present\u00f3 con una demanda de jurado. <\/p>\n
Resumen del DN 1 – Demanda de medidas declarativas y cautelares<\/strong><\/p>\n Caso n\u00ba 25-CV-1508, Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico<\/strong> Partes clave<\/strong><\/p>\n Demandantes<\/strong> (demandan tanto a t\u00edtulo personal como oficial):<\/p>\n Demandados<\/strong> (todos demandados a t\u00edtulo oficial):<\/p>\n Hechos b\u00e1sicos alegados<\/strong><\/p>\n Principales argumentos jur\u00eddicos<\/strong><\/p>\n Ayuda solicitada<\/strong><\/p>\n Retos m\u00e1s amplios<\/strong><\/p>\n La demanda subraya que si el Presidente puede ignorar las protecciones legales contra la destituci\u00f3n de los funcionarios territoriales que no ejercen ning\u00fan poder ejecutivo federal, se socavar\u00eda la autoridad del Congreso sobre los territorios estadounidenses y el Distrito de Columbia.<\/p>\n
\nArchivado el 18 de septiembre de 2025<\/em><\/p>\n\n
\n
\n
\n
\nLa protecci\u00f3n \u00abpor causa\u00bb proh\u00edbe el despido a voluntad. Los correos electr\u00f3nicos no proporcionaban ninguna causa, violando el estatuto por completo y privando a los demandantes de su derecho estatutario a notificaci\u00f3n y audiencia. <\/li>\n
\nCitando precedentes del Tribunal Supremo (Financial Oversight & Management Bd. contra Aurelius Investment <\/em>590 U.S. 448 (2020)), el FOMB forma parte del gobierno territorial de Puerto Rico seg\u00fan el art\u00edculo IV<\/strong>, no del poder ejecutivo federal seg\u00fan el art\u00edculo II. Por lo tanto, no se aplica la autoridad de destituci\u00f3n del Presidente en virtud del Art\u00edculo II sobre los funcionarios ejecutivos. Permitir tales destituciones permitir\u00eda al Presidente despedir a voluntad a cualquier funcionario territorial (o incluso a funcionarios del D.C.). <\/li>\n
\nLa protecci\u00f3n \u00abpor causa\u00bb crea un inter\u00e9s de propiedad en la continuidad del servicio. El despido sin previo aviso ni oportunidad de responder viola las garant\u00edas procesales ( Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill <\/em>).<\/li>\n
\nLey de Procedimiento Administrativo (contra Gor), separaci\u00f3n de poderes, Ley de Sentencia Declaratoria o, alternativamente, un mandamiento judicial, y una reparaci\u00f3n equitativa general para prohibir las violaciones en curso de la ley federal.<\/li>\n<\/ol>\n\n