Se trata de una impugnación directa de los despidos presidenciales a voluntad de funcionarios territoriales protegidos por ley, que se basa en gran medida en el texto de PROMESA y en las sentencias del Tribunal Supremo que distinguen las estructuras ejecutivas territoriales de las federales. El caso se presentó con una demanda de jurado.
Resumen del DN 1 – Demanda de medidas declarativas y cautelares
Caso nº 25-CV-1508, Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico
Archivado el 18 de septiembre de 2025
Partes clave
Demandantes (demandan tanto a título personal como oficial):
- Arthur J. González (Presidente; nombrado por Obama, reelegido por Trump y Biden; el mandato expira en 2027)
- Andrew G. Biggs (nombrado por Obama, reelegido por Trump y Biden; el mandato expira en 2027)
- Betty A. Rosa (nombrada por Trump, reelegida por Biden; el mandato expira en 2027)
Demandados (todos demandados a título oficial):
- Sergio Gor (Director de la Oficina Presidencial de Personal de la Casa Blanca)
- John E. Nixon (Miembro, FOMB )
- Robert F. Mujica (Director Ejecutivo, FOMB)
- Donald J. Trump (Presidente, EEUU)
Hechos básicos alegados
- El FOMB fue creado por el Congreso en 2016 en virtud de PROMESA (48 U.S.C. § 2121 y ss.) como agencia independiente «dentro del gobierno territorial» de Puerto Rico, no como parte del poder ejecutivo federal.
- Su función principal es supervisar los planes fiscales, los presupuestos, los empréstitos y la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, así como representar a la isla en los casos de quiebra por reestructuración de la deuda del Título III.
- Por ley, el Presidente puede destituir a los miembros del FOMB «sólo por causa justificada» (48 U.S.C. § 2121(e)(5)(B)). Los miembros ejercen un mandato fijo de 3 años (renovable) y se seleccionan en su mayoría a partir de listas de líderes del Congreso, con uno a discreción del Presidente.
- El 1 de agosto de 2025, González y Rosa recibieron correos electrónicos idénticos, de una sola frase, del Director Adjunto de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, en los que se les comunicaba que habían sido «cesados con efecto inmediato», sin indicar el motivo. Biggs recibió el mismo correo electrónico el 13 de agosto de 2025. No se proporcionó ninguna causa, notificación o audiencia.
- Otros tres miembros también fueron destituidos más o menos al mismo tiempo.
Principales argumentos jurídicos
- Violación estatutaria (PROMESA):
La protección «por causa» prohíbe el despido a voluntad. Los correos electrónicos no proporcionaban ninguna causa, violando el estatuto por completo y privando a los demandantes de su derecho estatutario a notificación y audiencia. - Límites constitucionales del poder presidencial:
Citando precedentes del Tribunal Supremo (Financial Oversight & Management Bd. contra Aurelius Investment 590 U.S. 448 (2020)), el FOMB forma parte del gobierno territorial de Puerto Rico según el artículo IV, no del poder ejecutivo federal según el artículo II. Por lo tanto, no se aplica la autoridad de destitución del Presidente en virtud del Artículo II sobre los funcionarios ejecutivos. Permitir tales destituciones permitiría al Presidente despedir a voluntad a cualquier funcionario territorial (o incluso a funcionarios del D.C.). - Debido proceso de la Quinta Enmienda:
La protección «por causa» crea un interés de propiedad en la continuidad del servicio. El despido sin previo aviso ni oportunidad de responder viola las garantías procesales ( Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill ). - Reclamaciones adicionales:
Ley de Procedimiento Administrativo (contra Gor), separación de poderes, Ley de Sentencia Declaratoria o, alternativamente, un mandamiento judicial, y una reparación equitativa general para prohibir las violaciones en curso de la ley federal.
Ayuda solicitada
- Declarar ilegales e ineficaces las cartas de expulsión de agosto de 2025.
- Declarar que los demandantes siguen siendo miembros legítimos del FOMB que sólo pueden ser destituidos por causa justificada.
- Impedir a los demandados que los traten como destituidos y ordenar su reincorporación inmediata a todos sus puestos anteriores (incluido el de González como Presidente).
- Emitir un mandamiento judicial y otras medidas equitativas/injurídicas.
- Concede las costas y los honorarios del abogado.
Retos más amplios
La demanda subraya que si el Presidente puede ignorar las protecciones legales contra la destitución de los funcionarios territoriales que no ejercen ningún poder ejecutivo federal, se socavaría la autoridad del Congreso sobre los territorios estadounidenses y el Distrito de Columbia.
